La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha faltado a 36 de las 52 reuniones de la mesa de Seguridad estatal desde enero de 2023 hasta la fecha. En los últimos cinco meses, solo ha asistido a tres de estas reuniones, donde se coordinan esfuerzos entre el Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones federales y estatales para combatir la violencia en la entidad.
Estas ausencias ocurren en un contexto de escalada de violencia en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez y la sierra, con acusaciones hacia la Secretaría de Seguridad Pública estatal de proteger a distintos grupos criminales. La situación se agrava con el reciente asesinato de un mando del Cereso 1 de Aquiles Serdán y las protestas de custodios por falta de medidas de seguridad, malos tratos y bajos salarios.
Chihuahua ha escalado en la lista de estados con mayor número de homicidios dolosos, pasando del sexto al cuarto lugar nacional de 2022 a 2023. El número de personas asesinadas aumentó de 1,974 a 2,072 en el estado, según los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En un año en el que Campos Galván destinó el más alto presupuesto de seguridad de la historia, con 2 mil 890 millones 966 mil pesos en 2023 y un presupuesto aún mayor de 5 mil 186 millones 828 mil 924 pesos en 2024, la escalada de violencia pone en duda la efectividad de su estrategia basada en la Plataforma Centinela de videovigilancia masiva.
La panista ha expresado su insatisfacción con el apoyo del Gobierno Federal en materia de seguridad y ha criticado duramente al Presidente López Obrador, en un claro intento por justificar su falta de resultados. Sin embargo, su inasistencia a las reuniones de la mesa Estatal de Seguridad plantea preguntas sobre su compromiso con la resolución de los problemas críticos de seguridad que enfrenta su estado.
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