La Fiscalía General de la República (FGR) ha ejercido acción penal contra Alejandro Irarragorri Gutiérrez, propietario del Club de Fútbol Santos Laguna, por una presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.
Según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía en Control Competencial (FECC) solicitó una audiencia inicial para formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso del directivo del equipo lagunero.
La fiscal de la FECC, Nallely Ramírez Sepúlveda, ha solicitado al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón, girarle un citatorio a Irarragorri para que comparezca a la diligencia judicial, programada para una fecha aún por definir.
El delito imputado no conlleva prisión preventiva de oficio, lo que significa que en caso de ser procesado, Irarragorri llevaría el procedimiento en libertad, a menos que la FGR demuestre un riesgo de fuga.
La Fiscalía busca imputar y procesar penalmente a Irarragorri en su calidad de presidente del Consejo de Administración de Santos Laguna S.A. de C.V., en base a una carpeta de investigación iniciada el 31 de marzo de 2023.
El delito de defraudación fiscal está sancionado con 3 a 9 años de prisión, según el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, y la FGR sostiene que Irarragorri lo habría cometido de manera dolosa y como autor material.
Este caso tiene sus raíces en una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que acusa al directivo de supuestos engaños para evadir el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna entre enero y julio de 2017.
La PFF alega que los directivos maquinaron una estrategia para no retener ni pagar el ISR de ciertos depósitos, registrándolos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, los cuales están exentos de dicho impuesto, y utilizando un «contrato colectivo» con un sindicato para realizar los pagos.
El reclamo de la PFF se centra en que los depósitos se realizaron sin que los trabajadores estuvieran bajo los supuestos considerados como riesgo de trabajo, es decir, sin haber sufrido un accidente o enfermedad.
