Una jueza federal ha dictado la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra. Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió el viernes pasado que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos exfuncionarios federales y de un apoderado de una empresa privada.
Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, exdirector de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una exfuncionaria más de menor rango. Las penas para cada uno de los condenados, que se definirán en siguientes audiencias, podrían alcanzar hasta 45 años de cárcel.
Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio, las partes aún pueden presentar alguna apelación o amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias.
Para la FGR, esta sentencia representa una victoria importante debido a la gravedad de los delitos imputados. En el pasado, la Fiscalía ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, aunque todos eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones. Este es el primer proceso penal que los fiscales logran llevar hasta la fase de juicio oral con un fallo favorable para la parte acusadora.
Sin embargo, este proceso también ha enfrentado reveses. La presunta líder de la organización delictiva, la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo que logró cancelar la orden de aprehensión en su contra. Otros dos implicados han obtenido el mismo beneficio. No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar este proceso en su contra, por el cual ya hay sentenciados en una primera instancia.
Esta sentencia marca un hito en la lucha contra la corrupción en México, reflejando el compromiso de las autoridades por llevar a los responsables ante la justicia y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de los actos ilícitos en la administración pública.