En una sesión privada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se rechazó la propuesta de presupuesto para 2025 presentada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. El presupuesto fue rechazado, entre otras razones, por incluir incrementos salariales y omitir asignaciones para la implementación de la reforma judicial impulsada por el gobierno.
La propuesta de la ministra Piña fue duramente cuestionada por no incluir medidas importantes de la reforma constitucional, tales como la eliminación de fideicomisos y ajustes salariales en la cúpula del PJF, de manera que los sueldos de los altos funcionarios no excedan al de la persona titular de la Presidencia de la República. En lugar de esto, el presupuesto planteaba un aumento de salarios con el argumento de “compensar la inflación”.
En la sesión, varios ministros y ministras señalaron que la propuesta contenía asignaciones prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana. Particularmente, se incluyeron recursos millonarios para seguros médicos privados y separación individualizada, conceptos expresamente prohibidos para los servidores públicos. La única reducción notable fue la eliminación del seguro de riesgos.
El debate se intensificó cuando se solicitó a la ministra Piña que explicara el aumento del 8.2% en el presupuesto operativo respecto al año anterior y el crecimiento del 74.9% en el gasto destinado a proyectos. Ante las críticas, Piña se comprometió a reelaborar la propuesta y presentarla nuevamente en la sesión del próximo martes.
El rechazo a esta propuesta se da en un contexto de creciente presión sobre el Poder Judicial, que enfrenta críticas por resistirse a las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno Federal, así como por su manejo de los recursos y su relación con las reformas en curso.
