Polémica decisión judicial sobre venta de comida chatarra en universidad privada

En una audiencia a puerta cerrada, el pasado 10 de enero, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, decidirá próximamente si continúa la suspensión de los Lineamientos de Vida Saludable promovidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Dicha suspensión beneficia a una universidad privada, permitiéndole la venta de comida chatarra en sus instalaciones.

Durante la audiencia, la SEP, representada por el abogado Eurípedes Flores, y la Secretaría de Salud, a través del Dr. Miguel Ángel Nakamura, experto en salud pública, expusieron los riesgos para la salud que implica el consumo de comida chatarra. Sin embargo, el juez rechazó grabar y difundir el desarrollo del proceso, limitando la transparencia en un asunto de interés público.

En un momento clave, el Dr. Nakamura presentó evidencia científica que respalda los daños a la salud derivados del consumo de estos productos, vinculados con enfermedades como la diabetes y la obesidad. Asimismo, el abogado de la SEP argumentó que, aunque los productos sean lícitos, su comercialización en instituciones educativas resulta inadecuada, al igual que las bebidas alcohólicas, debido a los riesgos comprobados que representan.

La SEP alertó sobre las graves implicaciones de que se siente un precedente judicial que permita la venta de comida chatarra en instituciones educativas, lo que podría afectar a millones de estudiantes en México. La resolución final será notificada en los próximos días.

Con esta decisión en manos del juez, se pone en juego no solo la implementación de políticas públicas orientadas a la promoción de una vida saludable, sino también el compromiso del sistema judicial con la protección de la salud de las nuevas generaciones.

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