En un acto que muchos califican como una traición a los derechos fundamentales de los mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el voto en el extranjero para las elecciones judiciales, argumentando una supuesta falta de presupuesto.

Por mayoría de tres votos, la Sala Superior, encabezada por la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, respaldó la resolución del INE, desechando los recursos interpuestos por diversas organizaciones de migrantes. Estas agrupaciones defendían el derecho al voto de los connacionales en el extranjero, un derecho que consideran inalienable y esencial para la democracia.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue el único en oponerse a la decisión, señalando que el voto es un derecho sustantivo que no puede ser condicionado por la gestión presupuestaria de las autoridades electorales. «Sacrificar un derecho sustantivo como el voto es prácticamente injustificable. Esto amerita una argumentación reforzada que no se ha demostrado», afirmó el magistrado, haciendo eco del sentimiento de exclusión que experimentan millones de mexicanos fuera del país.

Por su parte, la magistrada Soto Fregoso justificó la decisión argumentando que la reforma judicial permite al INE tomar medidas para limitar la implementación del voto en circunstancias específicas. Aseguró que, debido a la complejidad de la elección de jueces, magistrados y ministros, no existen las condiciones necesarias para garantizar el voto de los mexicanos en el extranjero.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera señaló que no contar con insumos básicos como la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero refleja una grave falta de previsión y compromiso hacia los mexicanos que residen fuera del país.

El fallo del TEPJF y la postura del INE han puesto en evidencia una falta de voluntad política para garantizar la participación electoral de los connacionales, quienes ahora enfrentan un nuevo obstáculo en la lucha por ser reconocidos y respetados como ciudadanos con plenos derechos.

Este caso abre un debate crucial sobre la prioridad que se le otorga al ejercicio democrático frente a las limitaciones administrativas, así como el compromiso real de las instituciones electorales con los derechos políticos de todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia.