El reciente hallazgo de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha desatado indignación y reclamos de justicia. La Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto este lunes, señalando que se analizará la posibilidad de que las autoridades federales atraigan el caso para realizar las investigaciones correspondientes, dada la gravedad de los hechos.
El macabro descubrimiento fue realizado por el colectivo Guerreros Buscadores, tras recibir una denuncia anónima. En el lugar encontraron tres hornos crematorios clandestinos, restos óseos calcinados y pertenencias personales de las posibles víctimas, como zapatos, identificaciones, prendas de vestir, libretas e incluso una carta de despedida.
«La escuelita del terror»: Testimonios estremecedores
Un joven que logró escapar del Rancho Izaguirre reveló que el sitio operaba como un centro de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según su testimonio, al menos 200 personas fueron sometidas a condiciones inhumanas durante un violento adiestramiento dividido en tres fases.
“El rancho llevaba operando más de tres años. Le decían ‘la escuelita del terror’ porque obligaban a los jóvenes a pelear entre ellos para demostrar su fuerza. Muchos no aguantaban el entrenamiento; algunos eran asesinados solo por quejarse, mientras que otros morían por el agotamiento”, relató la activista Indira Navarro, quien compartió el testimonio del sobreviviente.
Según esta versión, quienes fallecían eran sepultados en fosas improvisadas sobre una base de piedras o ladrillos, donde sus cuerpos eran incinerados con gasolina.
¿Encubrimiento del gobierno de Enrique Alfaro?
El hecho de que el Rancho Izaguirre ya había sido «asegurado» meses atrás y que, a pesar de ello, siguiera operando bajo la vista de las autoridades estatales, ha desatado señalamientos de negligencia e incluso posibles vínculos entre el gobierno de Enrique Alfaro y el crimen organizado.
Este lamentable suceso expone no solo la negligencia del gobierno estatal, sino también los posibles vínculos del exgobernador Enrique Alfaro con el crimen organizado, al haber permitido que este lugar continuara operando pese a haber sido previamente «asegurado» por las autoridades.
