En un movimiento significativo para la administración pública en México, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que más de 400 trabajadores del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se sumarán a su dependencia. Este cambio se produce tras la publicación de la nueva Ley de Transparencia en el Diario Oficial de la Federación, que marcó la desaparición oficial del INAI.
Buenrostro aseguró que los trabajadores recibirán indemnizaciones justas, equivalentes a tres meses de sueldo más 20 días por cada año trabajado. Este esquema de compensación se aplicará tanto al personal del Servicio Profesional de Carrera como a los empleados de libre designación. El pago de estas indemnizaciones se realizará antes del 20 de abril, utilizando los recursos disponibles del INAI, que ascienden a 500 millones de pesos.
«Si bien es cierto que el INAI dejó de existir, la función sigue», sostuvo
“Si bien es cierto que el INAI dejó de existir, la función sigue, y el INAI al ser la única institución que tenía todos los especialistas, seguramente nosotros nos haremos llegar de muchos de ellos para que nos acompañen a nuestras plantillas “, expresa Raquel Buenrostro pic.twitter.com/myDolH0kxY
— Ilse Aguilar (@Ilse_Asecas) March 21, 2025
Aunque no todos los empleados serán recontratados en la nueva Secretaría, aquellos que no encuentren un lugar serán recomendados para ocupar posiciones en otras dependencias públicas que asumirán las funciones del extinto INAI.
Las funciones del INAI serán asumidas por un nuevo organismo denominado «Transparencia para el Pueblo», que operará bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Este organismo se enfocará en garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, mientras que la protección de datos personales será responsabilidad directa de la Secretaría.
Durante la fase inicial de esta transición, se priorizarán seis acciones clave:
- Garantizar la autonomía y eficiencia en la toma de decisiones.
- Asegurar un trato digno a los trabajadores.
- Mantener la continuidad de la Plataforma Nacional de Transparencia.
- Proteger los datos personales como una prioridad histórica.
- Promover la transparencia con un enfoque social.
- Mejorar la resolución de amparos mediante la creación de juzgados especializados en transparencia.
