En una maniobra más de opacidad y corrupción del Poder Judicial en favor de los deudores fiscales, un juez concedió un amparo a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, permitiendo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los elimine de la Lista de Personas Bloqueadas y reactiven sus cuentas bancarias.

La UIF instruyó a las instituciones financieras a retirar las restricciones contra la pareja, a pesar de que enfrentan acusaciones graves por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero. Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Mont y Álvarez Puga habrían participado en un esquema de desvío de casi 3,000 millones de pesos, operado a través de contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En 2021, un juez giró órdenes de aprehensión en su contra, lo que derivó en una ficha roja de la Interpol para su búsqueda en más de 190 países. Desde entonces, la pareja ha permanecido prófuga, evadiendo la justicia mexicana.

El reciente fallo judicial que les permite acceder nuevamente al sistema financiero genera cuestionamientos sobre el actuar del Poder Judicial, pues la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva utilizada en casos donde existen sospechas fundadas de manejo ilícito de recursos.

El Titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, ha señalado en diversas ocasiones que este tipo de resoluciones judiciales obstaculizan los esfuerzos contra la corrupción y el lavado de dinero en México.

A pesar de la liberación de sus cuentas, el proceso judicial contra Gómez Mont y Álvarez Puga sigue abierto, y las investigaciones continúan. Sin embargo, este amparo representa un preocupante precedente sobre la manera en que el Poder Judicial puede favorecer a personajes señalados por corrupción y desvío de recursos públicos.