A partir de este jueves, los espectáculos públicos que promuevan o glorifiquen la violencia y el crimen organizado estarán prohibidos en todo Michoacán. Así lo anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien firmará el decreto este miércoles 16 de abril, mismo que entrará en vigor al día siguiente.

Con esta medida, el Ejecutivo estatal busca «serenar al estado» y evitar incidentes como el ocurrido recientemente en Texcoco, donde asistentes a un concierto se alteraron luego de que el cantante Luis R. Conríquez se negara a interpretar narcocorridos.

«La gente puede escuchar lo que quiera en su casa, pero en el espacio público vamos a marcar un alto a la apología del delito», puntualizó Ramírez Bedolla.

El decreto contempla sanciones administrativas e incluso la cancelación de eventos que promuevan la violencia o enaltezcan a delincuentes. Además, el gobernador pidió a los ayuntamientos evitar la autorización de estos espectáculos y prohibir las peleas de gallos, a las que calificó como focos de violencia comprobados.

Ramírez Bedolla también recordó que en años anteriores, el propio Congreso del Estado llegó a premiar a autores de narcocorridos y que en Casa de Gobierno se organizaron fiestas con música de ese tipo. «Hoy es distinto. Ahora ni siquiera el gobernador vive en Casa Michoacán», señaló.

“Protestas ciudadanas” financiadas por el narco

En otro tema, el mandatario estatal denunció que recientes protestas en municipios como Jacona, Tangancícuaro y Tangamandapio han sido orquestadas por grupos criminales, bajo la fachada de demandas ciudadanas.

Según Ramírez Bedolla, los bloqueos y manifestaciones que exigen la salida de fuerzas federales responden a intereses del crimen organizado, que pretende conservar su influencia en regiones clave como la Tierra Caliente y la zona de Zamora.

“Es claro que esas protestas no son espontáneas ni genuinas. Hay dinero del narco detrás de ellas”, afirmó.

Con estas acciones, el gobierno estatal avanza en su objetivo de recuperar la paz en el territorio michoacano, con una política firme que prioriza el orden, la seguridad y el respeto a la vida pública.