El Ministerio Público Federal logró que jueces federales dictaran auto de vinculación a proceso contra diez personas presuntamente ligadas a organizaciones delictivas, por su posible participación en delitos que incluyen tráfico de drogas, secuestro y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En uno de los casos más relevantes, cinco individuos —tres mexicanos y dos extranjeros— fueron vinculados por delitos contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de actuar en pandilla. Estas personas fueron interceptadas mientras trasladaban más de una tonelada y media de cocaína a bordo de una lancha rápida sin bandera ni matrícula, a 190 millas náuticas al suroeste de Acapulco. La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina, en su función como Guardia Costera, quienes aseguraron un total de 1,506 kilos con 860 gramos de estupefacientes.

En otro expediente, un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, vinculó a proceso a un sujeto identificado como Axel “C”, por su presunta implicación en el delito de delincuencia organizada con el objetivo de cometer secuestros. El caso fue llevado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Por otra parte, Arón “A”, Saúl “S”, José “L” y Francisco “M” también fueron procesados por diversos delitos, entre ellos: portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, así como posesión de drogas con fines de comercialización. Todos los cargos fueron agravados por su presunta participación en pandilla.

Los cuatro fueron capturados en el municipio de Mocorito, Sinaloa, mientras circulaban en varias camionetas portando armas de alto poder. Elementos de la Guardia Nacional los detuvieron y decomisaron el siguiente arsenal: cuatro rifles de asalto, dos lanzagranadas, 671 cartuchos útiles, 24 cargadores, ocho radios de comunicación, cinco chalecos tácticos y cuatro teléfonos móviles.

Como medida cautelar, un juez federal ordenó prisión preventiva oficiosa para los acusados, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 8 “Norponiente”, ubicado en Guasave, Sinaloa.