El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó claro que no tiene facultades legales ni constitucionales para cancelar las candidaturas al Poder Judicial, aun si algunas de ellas presentan presuntos vínculos con delitos federales o no cumplen con requisitos como el promedio mínimo en licenciatura.

Durante la sesión del Consejo General, por unanimidad, las y los consejeros respondieron a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes habían solicitado la cancelación de 26 candidaturas: ocho por incumplir requisitos académicos y 18 por no contar con buena reputación, según información de los propios comités de evaluación.

El INE precisó que sí revisará posibles pruebas en contra de las personas candidatas, pero solo después de la jornada electoral y exclusivamente sobre quienes resulten electas.

“La decisión que tomamos hoy otorga certeza sin adelantar juicios definitivos y permite avanzar en el proceso con orden y legalidad”, afirmó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Subrayó que si el INE vetara candidaturas en esta etapa, podría incidir indebidamente en la contienda.

Por su parte, la consejera Dania Ravel criticó que el Congreso intente delegar en el INE una responsabilidad que corresponde a los comités técnicos. “No estamos ante un hecho sobrevenido, sino ante una omisión de otras instancias que debieron verificar los requisitos desde un inicio”, recalcó.

Uuc-Kib Espadas agregó que el problema no fue generado por el INE y lamentó que se le exija resolver asuntos que debieron atenderse en fases previas por parte del Senado y los comités técnicos, que entregaron la lista de candidaturas desde el pasado 12 de febrero.

En la misma línea, la consejera Carla Humphrey señaló que ni la Constitución ni la ley prevén cancelaciones de candidaturas por revisión posterior. Recordó que el INE podrá hacer una evaluación antes de entregar constancias de mayoría, en la que sí se considerarán sentencias firmes en casos de violencia (bajo la regla “8 de 8”), pensión alimenticia o situación de prófugo de la justicia.

Arturo Castillo y Claudia Zavala coincidieron en que el INE debe mantenerse imparcial y proteger el principio de certeza tanto para las candidaturas como para el electorado.

La presidenta Taddei reiteró que no hay preocupación por el actuar del Instituto en este tema, ya que el procedimiento es claro y transparente: “Tomamos decisiones sin sesgos, sin beneficiar o perjudicar a nadie”.