En los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena intenta hoy lo que hizo durante años en el Servicio de Administración Tributaria (SAT): favorecer a los grandes contribuyentes por encima del interés público.

El ahora ministro —y exjefe del SAT durante el sexenio de Felipe Calderón— está en el centro de una nueva polémica: pretende devolver, con intereses, créditos fiscales que fueron pagados por tres grandes empresas cuando él mismo dirigía esa institución, lo que representa no solo una contradicción legal, sino un claro conflicto de interés.

Así lo denunció la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien sin mencionar nombres, se refirió al “ministro con nombre compuesto” que quiere beneficiar a quienes ya fueron privilegiados una vez. El señalamiento apunta directamente a Ortiz Mena, que como jefe del SAT perdonó más de 392 mil millones de pesos a 9,881 grandes contribuyentes entre 2008 y 2012, según datos de Fundar.

Durante su gestión, solo 60 contribuyentes concentraron condonaciones por más de 128 mil millones de pesos, todo mientras México vivía una de sus peores crisis de desigualdad y el sistema fiscal era asfixiante para las pequeñas y medianas empresas. Las élites pagaban menos o simplemente no pagaban.

No es la primera vez que Ortiz Mena actúa a contracorriente de la transformación democrática: en 2021 presentó un proyecto para revivir los fideicomisos opacos eliminados por el gobierno, y en 2024 intentó hacerlo de nuevo.

Pero su cinismo quedó registrado en octubre de 2024, cuando se burló del Estado mexicano durante un evento en Harvard. Ahí, Ortiz Mena ironizó sobre los requisitos constitucionales para elegir jueces en México, desatando risas de una élite desconectada de la realidad del país.

La Presidenta Sheinbaum fue clara: “Nadie se burla del pueblo de México. Será muy reconocida la escuela de Harvard, pero deberían investigar la corrupción del Poder Judicial mexicano”.

Ortiz Mena no representa la justicia, sino los intereses que siempre la han manipulado desde la cúpula económica y política. Su paso por el SAT fue sinónimo de impunidad fiscal para los poderosos, y su papel actual en la Corte amenaza con perpetuar esa lógica.

Hoy, desde el máximo tribunal, el “ministro generoso” parece seguir sirviendo a los mismos de siempre.