En una decisión que ha encendido el debate político y legal en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ordenó el despliegue de 700 infantes de marina en la ciudad de Los Ángeles, como parte de una operación federal para contener las protestas generadas por recientes redadas migratorias.

La medida complementa el envío previo de 2 000 elementos de la Guardia Nacional, sumando en total cerca de 5 000 efectivos desplegados en territorio californiano.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, rechazaron enérgicamente la decisión y han interpuesto acciones legales, alegando que el despliegue viola la Décima Enmienda de la Constitución de EE. UU. y representa una usurpación de facultades estatales. Denunciaron además falta de coordinación, señalando que las tropas llegaron sin órdenes claras, ni alimentos, ni condiciones logísticas mínimas.

Las movilizaciones, originadas por operativos del ICE en comunidades migrantes, han sido mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, se reportan enfrentamientos con la policía, uso de balas de goma y la detención del dirigente sindical David Huerta, así como agresiones contra periodistas.

Analistas políticos han advertido que esta acción sienta un precedente peligroso para el uso de las fuerzas armadas dentro del país sin consenso estatal, lo que podría derivar en un debilitamiento del federalismo y los contrapesos democráticos.