A más de 16 años de la tragedia que enlutó a México, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños confirmó la detención en Eloy, Arizona, de Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la Guardería ABC, donde un incendio en 2009 dejó 49 niños muertos y más de 100 lesionados, muchos con secuelas de por vida.

La detención se habría ejecutado tras la activación de una ficha roja de Interpol, derivada de una orden de reaprehensión en México, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una sentencia definitiva por homicidio culposo en su contra.

Sin embargo, la noticia no ha sido confirmada por ninguna autoridad federal, lo que el colectivo calificó como un “silencio sospechoso” que reaviva los temores de encubrimiento e impunidad.

“No es una perseguida política. Es una sentenciada por la muerte de nuestros hijos. No puede refugiarse en el asilo para evadir su responsabilidad penal”, advirtió Juana Luna Hernández, vocera del colectivo, en una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El grupo urgió a la mandataria a intervenir para garantizar su extradición inmediata, impedir el uso político del caso y cerrar el paso a la narrativa de “persecución” que promueve su defensa legal en Estados Unidos.

Un crimen de Estado aún sin justicia

El incendio del 5 de junio de 2009, iniciado presuntamente en una bodega contigua de la Secretaría de Hacienda estatal, se propagó a la estancia subrogada al IMSS, revelando negligencia estructural, corrupción administrativa y una cadena de omisiones criminales.

Desde entonces, los padres y madres de las víctimas han enfrentado obstáculos legales, protección política y un sistema judicial que dio la espalda, mientras los responsables han evadido la cárcel gracias a vínculos con funcionarios de los tres niveles de gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“Apelamos a la empatía y a la fuerza de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune”, insiste el comunicado, recordando que la muerte de 49 niños no puede quedar enterrada bajo tecnicismos ni pactos de silencio.

Hasta este momento, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, el colectivo reiteró que la lucha continúa, y no descansarán hasta que cada responsable rinda cuentas ante la justicia mexicana.