Administradoras de fondos de inversión estadounidenses han recurrido al arbitraje internacional bajo el T-MEC para exigir a TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el pago de una deuda de 500 millones de dólares, alegando que el proceso judicial en México se condujo con irregularidades.
Se trata de Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Partners, quienes presentaron su réplica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que el caso fue desestimado por motivos “jurisdiccionales infundados”. Según los inversionistas, TV Azteca ha permanecido protegida de responsabilidad debido a acciones indebidas de los tribunales mexicanos, lo que ha impedido que puedan recuperar su dinero.
Katherine P. Padgett, asesora legal de los demandantes, aseguró que las inversiones estadounidenses están protegidas por el T-MEC y que el Estado mexicano podría ser responsable por el mal uso de su sistema judicial en beneficio de Salinas Pliego, incluyendo la suspensión de pagos y la restricción de información financiera de TV Azteca durante la pandemia de COVID-19.
El conflicto comenzó en 2022, cuando TV Azteca solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que se declarara que la pandemia constituía un caso de fuerza mayor que justificaba el incumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas. El tribunal concedió medidas cautelares sin notificar adecuadamente a los demandantes, lo que, según los fondos estadounidenses, privó a los inversionistas de su derecho a defenderse.
Posteriormente, las medidas cautelares permitieron a TV Azteca abstenerse de reportar información financiera al público, lo que los inversionistas califican como un mecanismo para “proteger intereses de un particular mientras se bloquean sus derechos”.
El caso ahora se revisa en el panel de arbitraje del T-MEC, donde los fondos buscan que México cumpla con sus obligaciones internacionales, incluyendo garantizar un juicio justo y en igualdad de condiciones para los inversionistas, y que se obligue a TV Azteca a cubrir su deuda pendiente.
La disputa coincide con el inicio de las consultas públicas para la revisión del T-MEC, lo que abre una plataforma para que el sector privado exponga irregularidades en el sistema judicial mexicano y su impacto en la competencia económica regional.
