El Congreso peruano aprobó la destitución de la presidenta de facto Dina Boluarte con 118 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Se requerían 87 para proceder.
La vacancia la acusaba de “permanente incapacidad moral”, agravada por denuncias de enriquecimiento ilícito —como el uso de relojes de lujo— y violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2022-2023, que dejaron decenas de muertos, incluidos menores.
Durante la sesión, partidos que antes respaldaban a Boluarte, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, retiraron su apoyo, facilitando la destitución.
Boluarte, de 63 años, no se presentó al debate y denunció que no se le respetó el debido proceso ni su derecho de defensa.
La medida ocurre a seis meses de las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. Tras la vacancia, se aplicará la línea de sucesión constitucional para definir un nuevo presidente interino.
Desde que asumió el poder tras la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Boluarte enfrentó ocho pedidos de vacancia, aunque logró resistirlos gracias a su control del Congreso.
La crisis política se agudizó con el aumento de la violencia y la criminalidad, detonada por un ataque armado contra el grupo musical Agua Marina que dejó cinco heridos.
Durante su mandato, se registraron protestas masivas, especialmente en los Andes, donde las fuerzas de seguridad fueron acusadas por organismos internacionales de usar fuerza excesiva para reprimir manifestaciones.
Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes: dos destituidos por vacancia, dos que renunciaron, uno interino y Pedro Castillo, actualmente preso y acusado de rebelión.
