Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ha repetido en varias entrevistas la misma fórmula para esquivar explicaciones sobre su patrimonio millonario: estallidos de enojo y reproches a los periodistas que le interrogan por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y la solicitud de desafuero que pesa en su contra desde 2022.

En un encuentro difundido por Atypical Te Ve, el publicista Carlos Alazraki confrontó a Moreno con la expropiación de tres terrenos en Campeche —uno señalado como de su madre y dos a él vinculados— y le recordó que la gobernadora Layda Sansores había impulsado esa medida. Moreno insistió en que los predios pertenecen a “particulares” y volvió a presentarse como “perseguido político”, postura que repite cada vez que se abordan sus bienes.

Los episodios de tensión no son aislados. En una entrevista con Carmen Aristegui, el priista intentó rehuir preguntas sobre sus propiedades en Campeche y alegó que su patrimonio está declarado públicamente. Preguntado por la periodista, respondió con desdén: “Cuando tú me acredites que eres el Ministerio Público, Carmen”, y defendió sus declaraciones patrimoniales como prueba de legalidad. En otro encuentro con Azucena Uresti en Radio Fórmula, Moreno calificó la información sobre sus bienes como “falsa” y “calumniosa”, pidiendo oportunidad para aclarar lo que considera una campaña orquestada por el Gobierno.

Los señalamientos contra Moreno incluyen datos concretos: la expropiación de 70 mil metros cuadrados en Campeche, propiedades en Polanco y Country Club, y una mansión en Lomas del Castillo valuada en más de 130 millones de pesos con un menaje cercano a 50 millones; objetos que están bajo investigación desde 2022 por la Fiscalía de Campeche. En su declaración patrimonial de 2021 reportó 11 terrenos adquiridos al contado entre 2012 y 2021 por 2,938,848 pesos y dos casas compradas en 2014 y 2016 por 9,714,610 pesos. Posteriormente, hasta 2024 declaró las mismas propiedades, aunque sin montos; como senador llegó a señalar que no poseía bienes ni vehículos.

Los análisis periodísticos y documentos públicos han mostrado discrepancias entre los ingresos que Moreno declara —sueldo como gobernador de 1,184,000 pesos anuales y “otras actividades” por 4,122,000 pesos— y el valor estimado de las propiedades y construcciones que se le atribuyen. Por ejemplo, la casa en Lomas del Castillo se empezó a edificar durante su gestión como gobernador y se calculó, en su momento, que su construcción superó los 46 millones de pesos, monto difícil de cubrir solo con los ingresos públicos declarados.

En lo jurídico, Moreno enfrenta múltiples señalamientos: la Fiscalía Anticorrupción de Campeche lo acusa del presunto desvío de 83 millones de pesos; la Sección Instructora de la Cámara tiene desde agosto una nueva solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; y la FGR mantiene una investigación que, según documentos, incluye solicitudes reservadas y urgentes de información sobre procedimientos administrativos de Moreno entre 2015 y 2020. A pesar de ello, la FGR no ha judicializado todavía esas acusaciones, según fuentes citadas.

Finalmente, en medio del escrutinio, han circulado audios y grabaciones antiguas que evidencian la postura del dirigente respecto a la prensa: comentarios que llegan a proponer medidas de presión y control sobre periodistas. Esas grabaciones y los constantes choques con comunicadores alimentan la narrativa de un político que reacciona a los cuestionamientos con ira y evasivas, más que con respuestas y transparencia.