El gobierno de Delfina Gómez Álvarez marcó un hecho histórico al terminar con una de las redes de corrupción más antiguas y dañinas del Estado de México: el negocio irregular del agua.

Durante décadas, empresas privadas y grupos políticos locales se beneficiaron de la explotación desmedida de los mantos acuíferos, dejando sin agua a miles de familias en distintos municipios. Estos contratos y concesiones contaban con respaldo político de gobiernos anteriores, que permitieron la extracción y comercialización del recurso sin control ni transparencia.

Con la nueva estrategia hídrica estatal, la administración de

Delfina Gómez busca recuperar el control público del agua, garantizar su uso sustentable y priorizar el acceso equitativo para los mexiquenses. La mandataria subrayó que el agua “no puede ser un negocio, sino un derecho”, reafirmando su compromiso con la justicia social y ambiental.

Este cambio representa un punto de inflexión en la gestión del agua en el Estado de México, donde por primera vez se pone fin a los intereses privados que lucraban con un bien común y se coloca en el centro el bienestar de las comunidades.