La reciente suspensión del proyecto minero Calicas Industriales del Carmen (SAC-Tún) —antes “Calica”— en Quintana Roo representa, según Óscar Alberto Rébora Aguilera, un parteaguas en la política ambiental de la Cuarta Transformación. En su columna para La Jornada Maya, el autor sostiene que se trata de un acto de justicia ambiental y soberanía territorial, después de décadas en que el modelo extractivo en la región exportó riqueza y dejó pobreza.

Rébora Aguilera explica que el ambientalismo de izquierda impulsado por la 4Tbno se opone al progreso, sino que busca reordenar prioridades: sólo los proyectos que cumplen con la ley, mitigan sus impactos y benefician a las comunidades tienen legitimidad. La sostenibilidad, enfatiza, debe servir al pueblo, no a los intereses corporativos.

El autor plantea cuatro preguntas que guían este nuevo paradigma:

1. ¿Se cumple la ley ambiental?

2. ¿Se mitigan los impactos?

3. ¿Se distribuyen los beneficios?

4. ¿Se mejora la vida de quienes fueron históricamente olvidados?

En el caso de Calica, concluye, las respuestas fueron negativas. Por eso, la decisión de frenar sus operaciones en Playa del Carmen responde a una lógica de reciprocidad y justicia social, más que a una política de rechazo automático a la inversión.

Finalmente, Rébora Aguilera afirma que la cancelación del proyecto no contradice otros esfuerzos del gobierno, sino que los ordena y da sentido: el medio ambiente deja de ser negocio para volver a ser patria.