El Senado de la República dio luz verde anoche a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un nuevo marco legal que homologa el tipo penal en todo el país, eleva las penas para delincuentes y servidores públicos, protege a las víctimas y establece mecanismos para impedir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los penales.
La aprobación fue unánime: 110 votos a favor y ninguno en contra, y la minuta con 21 modificaciones a 15 artículos y un transitorio fue devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, subrayó que la extorsión no solo golpea el patrimonio de las personas, sino que afecta su tranquilidad, dignidad y sentido de comunidad. “Esta reforma le da al Estado la oportunidad de demostrar que México no tolerará este delito en ninguna de sus formas”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que la ley consolida un instrumento más eficaz para cerrar todas las rendijas a los extorsionadores y reducir la impunidad de un delito que ocupa el tercer lugar en incidencia en el país.
Entre los cambios más importantes, se incrementó la pena mínima de seis a 15 años y la máxima a 25 años, con posibilidad de elevarse hasta 42 años en casos de violencia, participación de la delincuencia organizada o extorsiones cometidas por reos. Las extorsiones digitales también fueron incluidas, con sanciones de hasta 37 años, tras modificar el artículo 14 para abarcar “dispositivos, servicios o plataformas y cualquier otro medio electrónico”, según propuso el senador de Morena Ignacio Mier.
La ley establece que los centros de readaptación tendrán seis meses para implementar tecnologías que inhiban llamadas de celulares y otros medios electrónicos. Además, se contempla prisión de seis a 12 años para reos que porten dispositivos prohibidos, así como para funcionarios que permitan su ingreso.
Otro ajuste relevante es la penalización de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos del Ministerio Público, policías y personal de reclusorios que no denuncien delitos de extorsión, una sanción más severa que la prevista originalmente en la Cámara de Diputados.
Aunque la ley contó con el respaldo de toda la oposición, panistas y priístas criticaron que su aprobación llega tarde y advirtieron que no existe un presupuesto específico para su implementación.
