Adrián LeBarón, conocido como líder cívico, se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra la Ley de Aguas de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, su historia revela un trasfondo muy distinto: su lucha no es por el bienestar colectivo, sino por proteger los intereses de su familia y su antiguo negocio de “aguachicoleo” en Chihuahua.

Acusado de explotar pozos ilegales en zonas de veda y de usar guardias armadas contra campesinos y ejidatarios que defendían el agua, LeBarón creció al amparo del PRI, con apoyos de su pariente Alex LeBarón para obtener concesiones irregulares. Hoy se presenta como ciudadano apartidista, pero su activismo se cruza con estrategias de la oposición y cabildeos en EE.UU., incluso buscando justificar una intervención extranjera en México bajo el pretexto del crimen organizado.
Los bloqueos y protestas que lidera no buscan acuerdos ni soluciones; buscan extorsionar al Estado y preservar privilegios históricos, dejando claro que su “lucha cívica” está teñida de intereses personales y políticos.


