Un juez supremo de Perú emitió una orden de captura internacional y dictó prisión preventiva por cinco meses contra la exprimera ministra Betssy Chávez, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La medida se tomó ante el riesgo de que Chávez pueda evadir la justicia, tras incumplir con el control biométrico obligatorio y no presentarse a varias audiencias judiciales.

Chávez enfrenta cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, liderado por el expresidente Pedro Castillo. La Fiscalía peruana solicita una pena de hasta 25 años de prisión, mientras que el juez ha revocado las medidas de comparecencia con restricciones que anteriormente se le habían impuesto, argumentando incumplimiento de las condiciones.

La situación ha desatado una grave tensión diplomática entre Perú y México. Tras concederle el asilo, México se convirtió en el principal refugio de Chávez, mientras que el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones bilaterales con la nación azteca como consecuencia directa del caso.

A pesar de la orden judicial, las autoridades peruanas han afirmado que no planean irrumpir en la embajada mexicana para detener a Chávez, asegurando que respetan el derecho internacional y la inmunidad diplomática.

El caso ha generado un debate político y mediático sobre la protección del asilo, la soberanía nacional y la tensión entre justicia y diplomacia en Latinoamérica, mientras Betssy Chávez permanece dentro de la embajada, resguardada y en espera de los próximos movimientos legales.