Ocho exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunciaron antes de concluir su mandato recibirán un aguinaldo cercano a los 445 mil pesos cada uno, una cifra que ha generado polémica entre ciudadanos y especialistas en transparencia. Esta remuneración se suma a otras prestaciones que mantendrán, como seguro médico, prima vacacional y la opción de adquirir el vehículo oficial que utilizaban durante su gestión.

En total, la SCJN destinará más de 2.6 millones de pesos solo por concepto de aguinaldo a estos exfuncionarios este diciembre, incrementando los costos asociados a los beneficios por retiro y generando cuestionamientos sobre la justicia y equidad de estos pagos.

La medida ha abierto un debate público sobre los privilegios de los altos funcionarios judiciales frente a los retos económicos del país, considerando que algunos de estos exministros dejaron el cargo antes de completar sus periodos, pero seguirán recibiendo pagos que muchos consideran excesivos. Organizaciones civiles y especialistas en gasto público han señalado que este tipo de decisiones afectan la percepción de transparencia y responsabilidad de la Corte, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda rendición de cuentas y austeridad en el gasto público.

Este caso se suma a otras controversias sobre los sueldos y prestaciones de altos funcionarios, reforzando la discusión sobre la necesidad de reformas que regulen los beneficios post-mandato y garanticen que los recursos públicos se utilicen de manera más justa y responsable.