Un juzgado peruano condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años y 11 meses de prisión por el delito de conspiración, al concluir que el 7 de diciembre de 2022 intentó quebrar el orden constitucional. De acuerdo con El País, la justicia determinó que Castillo anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, un toque de queda y la reorganización del sistema de justicia como parte de un plan coordinado.

El tribunal descartó el delito de rebelión al no encontrarse evidencia de un alzamiento armado, pero sí acreditó una acción concertada entre Castillo, el entonces jefe del gabinete, Aníbal Torres, y la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quienes participaron en la elaboración del mensaje difundido ese día. Ambos recibieron la misma pena que el exmandatario.

La Fiscalía había solicitado una condena de 19 años, pero la sentencia fue menor debido a la ausencia de antecedentes penales. No obstante, el caso adquiere un matiz internacional: Betssy Chávez permanece asilada en la embajada de México, lo que añade tensión diplomática entre ambos países en medio del fallo.

Con esta resolución, Castillo suma un nuevo revés judicial mientras continúa recluido y bajo otros procesos penales.