Las principales empresas harineras del país —entre ellas Maseca, Minsa y Cargill— están pagando a los campesinos precios por debajo del costo de producción, según denunciaron productores y autoridades antimonopolio. Esta práctica perjudica directamente a quienes cultivan maíz blanco para consumo humano, mientras las harineras venden la harina a precios elevados, con la tonelada superando los 17 mil pesos.

Un dictamen previo indica que en varias regiones estas empresas concentran entre 2 y 9 veces más participación de mercado que sus competidores, lo que les permite imponer condiciones abusivas y controlar gran parte de la cadena productiva.

Productores, como los del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, han denunciado que la industria utiliza el T-MEC como pretexto para igualar el precio del maíz blanco mexicano al del maíz amarillo importado, mucho más barato y en su mayoría transgénico. Esto representa una pérdida de ingresos significativa para los agricultores nacionales.

El desequilibrio en la cadena agroalimentaria no solo afecta a los productores: también pone en riesgo la soberanía alimentaria de México, evidenciando un oligopolio que controla la producción, la compra del maíz y, en última instancia, el precio de la tortilla.

Especialistas y autoridades señalan que si no se regulan estas prácticas, los campesinos continuarán siendo los más perjudicados, mientras los grandes consorcios aumentan sus ganancias a costa del trabajo y la alimentación de millones de mexicanos.

La denuncia de productores y organismos antimonopolio refleja una crisis estructural en el sector agrícola, donde la concentración de mercado y la manipulación de precios amenazan la estabilidad económica de las comunidades rurales y la seguridad alimentaria nacional.

Esta situación ha generado preocupación en distintas entidades federativas, donde campesinos y organizaciones civiles exigen que el gobierno intervenga y garantice precios justos, protección al productor y transparencia en la industria harinera.