En diversas regiones del país, el acceso al agua se ha convertido en un terreno de disputa donde intereses privados han logrado abrirse paso por encima del sentido público del recurso. Uno de los casos más alarmantes es el de productores agrícolas que, en lugar de utilizar sus concesiones para regar cultivos, las han transformado en un negocio altamente rentable: vender agua a municipios y obtener ganancias que alcanzan los 300 millones de pesos anuales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que esta práctica ha distorsionado completamente el propósito de las concesiones, otorgadas para impulsar la producción de alimentos y no para alimentar esquemas de lucro. Según explicó, en muchos casos los titulares de estas concesiones exhiben signos evidentes de enriquecimiento, mientras comunidades y autoridades municipales enfrentan dificultades para abastecerse.

El problema tiene una raíz estructural. El agua asignada para riego está exenta de pago por uso, porque su finalidad es agrícola. Sin embargo, la reventa de ese mismo recurso a los ayuntamientos —muchos de ellos con carencias hídricas— se ha convertido en una operación rentable e injustificada, que desvirtúa el espíritu del sistema de concesiones.

Frente a ello, el gobierno federal impulsa la reforma a la Ley General de Aguas, con la que busca frenar de manera definitiva este tipo de privilegios. La iniciativa plantea prohibir que el agua de riego sea vendida a municipios, empresas o particulares, y evitar que las concesiones se transmitan de forma discrecional como si fueran propiedad privada.

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, advirtió que buena parte de la oposición a la reforma proviene justamente de quienes se benefician de estas prácticas. Señaló que incluso campos de golf y desarrollos inmobiliarios han accedido a agua destinada originalmente para agricultura, aprovechando vacíos legales y la falta de regulación efectiva.

De aprobarse la reforma, el objetivo es claro: terminar con la lógica de mercado que rodea al agua, devolverle su carácter de derecho humano y asegurar que su uso responda primero a las necesidades de la población y de la producción agrícola, no a la acumulación privada.