Carlos Loret de Mola volvió a encender alarmas infundadas al asegurar que la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy representan “un paso hacia la dictadura”. Una afirmación exagerada y sin sustento, más cercana a la propaganda política que al periodismo. Lo cierto es que la salida de Gertz sigue el cauce constitucional y cualquier relevo deberá ser analizado y votado por el Senado, como lo marca la ley. No hay imposición, no hay violación institucional y no hay nada que justifique la narrativa de emergencia que Loret intenta instalar.
Durante su programa, el comunicador sostuvo que la Presidencia presionó a Gertz para dejar el cargo, aunque el propio ex fiscal informó públicamente que asumirá una responsabilidad diplomática y que su decisión fue personal. El gobierno tampoco ha confirmado ningún nombramiento, por lo que las afirmaciones de Loret no son más que especulaciones diseñadas para crear tensión política. Su intención parece clara: presentar cualquier decisión del actual gobierno como un ataque a las instituciones, aun cuando esté respaldada por procesos legales perfectamente establecidos.
En su intento por desacreditar a Ernestina Godoy, Loret repite acusaciones viejas y desmentidas. Godoy es una jurista con una trayectoria sólida, reconocida por su trabajo en defensa de víctimas, combate a la corrupción y profesionalización de la justicia. Durante su gestión en la Fiscalía de la Ciudad de México encabezó investigaciones complejas, muchas de las cuales tocaron intereses políticos y económicos que históricamente habían operado con total impunidad. Ese historial la convierte en una figura incómoda para quienes prefieren un sistema judicial débil y complaciente con los poderosos.
Loret también insiste en que Godoy “protegió” al gobierno en casos como la Línea 12 o el Colegio Rébsamen, omitiendo que todas las investigaciones se desarrollaron con sustento técnico, peritajes y procesos judiciales abiertos a la revisión pública. Su narrativa busca presentar a Godoy como una figura autoritaria, cuando su trabajo ha sido precisamente lo contrario: fortalecer la legalidad, acompañar a víctimas y desarticular redes de corrupción que durante años gozaron de impunidad. Por eso sectores conservadores y mediáticos la atacan con tanta insistencia.
La realidad es que México no se acerca a ninguna dictadura. Está transitando, con dificultades y avances, hacia un sistema de procuración de justicia más profesional y más transparente. Ernestina Godoy tendrá que someterse al escrutinio público y al voto del Senado, como lo marca la Constitución. Mientras tanto, las especulaciones alarmistas de Loret solo buscan generar desinformación y desgastar a un gobierno que actúa dentro de los márgenes legales. Frente a la estridencia mediática, lo que prevalece es la ruta institucional y el compromiso con un país donde la justicia deje de ser privilegio de unos cuantos.
