El gobierno de Perú vuelve a escalar su pleito diplomático con México. Incapaz de sostener una mínima coherencia jurídica ni política, ahora Perú pretende llevar a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su molestia porque México otorgó asilo a Betssy Chávez, exprimera ministra y víctima de persecución política tras el intento de golpe fallido contra Pedro Castillo en 2022.

El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que el 3 de diciembre viajará a Washington para exponer su versión del caso. Un viaje para justificar lo injustificable: negar un salvoconducto y mantener a Chávez confinada en la Embajada de México, violando el espíritu del derecho internacional al asilo.

Mientras México actuó conforme a principios históricos —proteger perseguidos políticos y respetar la Convención de Caracas—, el gobierno peruano insiste en torcer la ley para convertir un juicio político en un juicio penal.

De Zela incluso afirmó que la reciente condena contra Chávez “no altera en nada su situación”, confirmando que para Lima la sentencia es solo otra herramienta para presionar y castigar disidencias.

Perú acusa a México de aplicar “de manera equivocada” la normativa internacional, pero es Lima quien ha roto relaciones diplomáticas, bloqueado salidas legales y utilizado el aparato judicial como arma política.

Ahora llevan su rabieta hasta la OEA, intentando obtener legitimidad internacional para un proceso que cada vez huele más a persecución que a justicia.

México, por su parte, sostiene una postura firme: la defensa del asilo, de los derechos humanos y del debido proceso, aunque a Perú no le guste.