Ciudad de México a 18 enero, 2026, 17: 28 hora del centro.
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Transformación Hídrica en México: Oscar Rébora y Morena impulsan Ley General de Aguas

Oscar Rébora, Secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, destacó la urgencia de aprobar la Ley General de Aguas, presentada en la Cámara de Diputados con respaldo de Morena, como un paso histórico para garantizar el derecho humano al agua y frenar la explotación privada del recurso. Tras más de una década de retrasos desde la reforma constitucional de 2012, la ley busca transformar la gestión del agua, enfocándola en derechos humanos y equidad social, priorizando el uso doméstico sobre el industrial y devolviendo la rectoría del recurso al Estado.

 

México enfrenta su peor crisis hídrica en tres décadas: el 65% del territorio padece sequía, 105 acuíferos están sobreexplotados y la distribución del agua es profundamente desigual. Casos como el de Aguakán en Quintana Roo, enfatizó Rébora, muestran cómo las concesiones mal otorgadas han afectado a comunidades enteras, dejando en evidencia la necesidad de un marco legal actualizado y justo que proteja a la población.

La iniciativa propone restricciones estrictas a la privatización, reducción de concesiones a 15 años con revisiones anuales, monitoreo en tiempo real de extracciones y calidad, prohibición del fracking con agua y sistemas cerrados de aguas residuales para 2030. Además, se creará un Centro de Transmisión de Derechos como único medio autorizado para transferencias, asegurando control y transparencia.

El calendario de implementación contempla armonización con leyes ambientales en 90 días, actualización de normas en 180 días, publicación de reglamentos en 240 días y revisión de concesiones críticas en un año. En un plazo de cinco años, se espera que todos los concesionarios cumplan con los sistemas cerrados y la protección integral del recurso.

Con esta ley, el Congreso y autoridades como Oscar Rébora buscan revertir décadas de negligencia y abuso, asegurando que el agua deje de ser un negocio y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos los mexicanos, sentando las bases de una gestión hídrica moderna, justa y sostenible.

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