El presidente Trump reunió este lunes a su gabinete de seguridad nacional para discutir los siguientes pasos de su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, en medio de crecientes dudas dentro del propio campo conservador estadounidense sobre la legalidad y los objetivos de las operaciones militares que ya se despliegan en el Caribe.

Aunque la Casa Blanca insiste en que las acciones forman parte de una campaña para «frenar el tráfico de drogas» hacia Estados Unidos, siguen sin aclararse reportes que apuntan a decisiones de alto riesgo, como el presunto “cierre” del espacio aéreo venezolano o la advertencia directa de Trump a Maduro para que renuncie y se exilie.

La portavoz Karoline Leavitt evitó detallar si el presidente contempla el despliegue de tropas en territorio venezolano. “Hay varias opciones sobre la mesa”, respondió al ser cuestionada por reporteros.

Dudas dentro del conservadurismo trumpista

Aun dentro de las filas republicanas existe inquietud por la creciente militarización de la estrategia. La ultraconservadora Marjorie Taylor Greene sintetizó el malestar de estos sectores con un mensaje directo en redes: “Arreglen el sistema de salud. No al cambio de régimen en Venezuela”.

El debate escaló después de que se revelara que, a inicios de septiembre, tras un operativo antidrogas en el Caribe, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó un segundo ataque contra los sobrevivientes de una embarcación ya neutralizada. Legisladores de ambos partidos advirtieron que, de confirmarse, se trataría de un crimen de guerra.

El senador independiente Angus King afirmó que disparar contra sobrevivientes “es asesinato, nada menos”, mientras que el republicano Mike Turner coincidió en que sería un acto ilegal. Pese a esto, la Casa Blanca defendió a Hegseth, insistiendo en que actuó con base en las leyes de conflicto armado.