El Diputado de Morena, Antonio Attolini Murra, presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político contra el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, por presuntas violaciones graves a la ley, ocultamiento sistemático de información pública y obstaculización de procesos de transparencia relacionados con la tragedia ocurrida en el Territorio Santos Modelo el 21 de enero de 2024.
Attolini acusa al alcalde de incurrir en faltas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, incluyendo violaciones a garantías individuales, usurpación de atribuciones, omisiones graves, afectación al municipio, y transgresiones a constituciones federal y estatal.
La denuncia también pide que se investiguen posibles delitos como abuso de funciones, ocultamiento o alteración de documentos oficiales, y desacato a autoridades fiscalizadoras.
El origen del caso: la tragedia en el Territorio Santos Modelo
Tras el accidente que dejó una mujer fallecida y varios aficionados lesionados, Attolini inició solicitudes formales de información ante el ICAI para conocer fallas en el operativo municipal de seguridad.
Sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública de Torreón negó toda la información, argumentando supuestos motivos de “seguridad nacional”, usando artículos que no correspondían y, de acuerdo con la denuncia, respondiendo con documentos sin firma del responsable, violando la ley.
El ICAI dio la razón a Attolini en abril, modificó la respuesta del municipio y ordenó entregar la información. Aun así, el Ayuntamiento volvió a incumplir, enviando respuestas sin fundamento, contradictorias y, según el legislador, con dolo y mala fe.
Patrón de opacidad
Attolini documentó que la negativa a entregar información es reiterada. En solicitudes posteriores sobre el funcionamiento del Consejo Municipal de Seguridad y sobre la agenda del propio alcalde, el municipio respondió con evasivas, datos incompletos o capturas de pantalla insuficientes, lo que el diputado calificó como “una burla al sistema de acceso a la información”.
La denuncia resalta que el Ayuntamiento ha obstaculizado deliberadamente el derecho ciudadano a saber, incumpliendo resoluciones del ICAI y negándose a transparentar procesos clave de seguridad pública.
“No es un pleito político: es la defensa de un derecho”
En la exposición de motivos, Attolini subrayó que su responsabilidad como diputado es vigilar que las autoridades cumplan con la ley y garanticen los derechos humanos, incluido el acceso a la información pública.
La denuncia ya fue recibida por la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y deberá seguir el procedimiento establecido para determinar responsabilidades.
