La Cámara de Diputados dio un paso histórico al aprobar anoche en lo general la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con 328 votos a favor de Morena, PT y PVEM. Esta decisión responde a la necesidad de modernizar la normativa vigente desde 1992 y busca garantizar un manejo equitativo, transparente y sustentable del recurso hídrico en México, asegurando derechos de sucesión y reconociendo los sistemas comunitarios de pueblos indígenas y afromexicanos. Con ello, se establecen bases sólidas para frenar la extracción ilegal y promover la tecnificación de riego, manteniendo el equilibrio hidrológico de cuencas y acuíferos.
Durante la sesión, que estuvo marcada por tensiones y protestas de productores, Morena defendió que la ley pone fin al acaparamiento del agua y al control indebido de concesiones por parte de familias y exfuncionarios, a quienes acusaron de formar un verdadero “cártel del agua”. En respuesta a estas denuncias, se reforzaron mecanismos para regular el libre alumbramiento, evitar prácticas de acaparamiento y sancionar con penas de hasta 14 años de prisión a quienes otorguen concesiones a cambio de sobornos. Además, se aseguró que ningún concesionario perderá los derechos heredados a hijos y nietos, garantizando la seguridad jurídica sin comprometer la justicia social.
Con esta aprobación, el Congreso envía hoy la minuta al Senado para su discusión en lo particular, en un proceso que promete ser igualmente intenso. La nueva Ley General de Aguas se perfila como un instrumento clave para asegurar la gestión responsable del agua, acabar con los privilegios históricos y consolidar la rectoría del Estado sobre un recurso vital, sentando un precedente para proteger a la ciudadanía y los ecosistemas frente a intereses particulares que han lucrado durante décadas con el líquido indispensable para la vida.
