El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó este jueves su respaldo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, en medio del debate que se avecina en la Cámara de Diputados. Según las autoridades, la iniciativa busca garantizar el derecho al agua, frenar su “mercantilización” y poner fin al desorden en las concesiones.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria insistió en que la reforma pretende evitar la sobreexplotación de recursos hídricos, asegurar que el acceso al agua sea un derecho humano y no una mercancía, y que la gestión del recurso vuelva al Estado a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con lo expresado por la administración federal, la ley introduce mecanismos de regulación y transparencia: las transmisiones de concesiones de agua entre particulares quedarían sujetas a autorización estatal; en caso de permisos vencidos o concesiones irregulares, el recurso volvería al dominio público.

Además, se señala que la reforma ya incorporó ajustes tras mesas de diálogo con campesinos, productores agropecuarios, cámaras industriales y autoridades municipales. Entre los puntos modificados está una regulación más clara para los pozos de riego, de forma que ejidatarios que transfieran derechos entre familiares puedan conservar el uso del agua, y que el uso agropecuario no requiera trámites adicionales si cambia a ganadería.

Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en amplios sectores del campo: agricultores y productores advierten que la limitación a la comercialización o cesión libre de concesiones podría afectar su derecho al uso del agua, herencias de pozos y rentabilidad agrícola. Las críticas coinciden con protestas recientes en varias entidades del país.

Con el proyecto en puerta para su votación en lo particular, el gobierno reitera que el cambio normativo no busca castigar a quienes cultivan o producen, sino establecer un orden equitativo y sostenible en el manejo del agua, privilegiando el consumo humano y el acceso justo.