La Senadora, Imelda Castro, advirtió que México mantiene un vacío legal que deja en desprotección a periodistas, servidores públicos y ciudadanos que se atreven a denunciar prácticas corruptas, riesgosas o contrarias al interés público. Por ello, presentó en el Senado una iniciativa para crear la Ley de Protección a Personas Informantes, Alertadoras y Denunciantes, un marco integral que garantice su seguridad y el seguimiento efectivo de sus casos.
Durante su intervención en tribuna, Castro recordó que aunque México ha avanzado en la construcción de instituciones de transparencia y mecanismos anticorrupción, “seguimos viviendo en un país donde decir la verdad puede costar el trabajo, la reputación e incluso la seguridad personal”.
La Legisladora morenista subrayó que la falta de protección inhibe la denuncia ciudadana: de acuerdo con la ENVIPE 2024, más del 92% de los delitos no se denuncian, y apenas una mínima parte obtiene respuesta satisfactoria. En casos de corrupción, solo el 4.8% de las personas afectadas acuden formalmente ante las autoridades.
Imelda Castro recordó episodios como la Estafa Maestra, donde “fue la valentía de quienes denunciaron lo que permitió revelar fraudes y desvíos millonarios”. Sin embargo, insistió en que el marco jurídico actual se ha centrado en castigar a los responsables, pero no en proteger a quienes ayudan a descubrirlos.
¿Qué propone la iniciativa?
La Senadora planteó un nuevo esquema nacional de protección con tres sistemas especializados:
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Sistema de protección en el sector público, dirigido a trabajadores y funcionarios que reporten irregularidades.
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Sistema de protección en el sector privado, enfocado en empleados, proveedores o personas relacionadas con empresas que alerten sobre prácticas ilegales o de riesgo.
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Sistema para denunciantes externos, a cargo de la Secretaría de Gobernación mediante la creación del Centro Nacional de Divulgaciones Protegidas, orientado a salvaguardar a periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores y comunidades que revelen información de interés social, ambiental o económico.
Castro enfatizó que proteger a quienes alertan “no es un gesto de buena voluntad, sino una necesidad institucional para prevenir la corrupción y fortalecer la ética pública”. Añadió que los informantes “son la primera línea de defensa del interés público”, pues evitan abusos, negligencias o fraudes que podrían escalar a crisis nacionales.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Anticorrupción y Transparencia, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis.
Con esta iniciativa, la Senadora reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación por consolidar un Estado más transparente, justo y realmente protector del interés público.
