El Congreso de la República aprobó este jueves la Resolución Legislativa 13436/2025-CR, que autoriza la entrada a Perú de personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos con armas de guerra durante todo 2026. La autorización se aprobó con 73 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones.

Según la norma, los soldados estadounidenses podrán portar armamento de guerra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, y están facultados para realizar operaciones de cooperación, entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y otras actividades de seguridad.

El anexo de la resolución detalla que —entre otros cuerpos— participarán unidades especiales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como brigadas de operaciones especiales y fuerzas policiales. Los contingentes rotarán cada tres a seis meses durante su permanencia.

La aprobación desató críticas e inquietudes en distintos sectores del país. Para muchos ciudadanos y analistas, permitir la entrada de tropas armadas extranjeras por un periodo prolongado pone en tela de juicio la soberanía nacional y plantea riesgos a la seguridad interna. Asimismo, existe alarma por la opacidad sobre las condiciones exactas de su despliegue y su rol fuera de ejercicios conjuntos.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre el potencial uso indebido de fuerza, detenciones arbitrarias o violaciones a derechos civiles en un contexto ya marcado por tensión social y seguridad precaria. El debate político se polarizó, con voces que reclaman mayor claridad sobre las reglas de operación, supervisión y rendición de cuentas.

Las autoridades que respaldaron la medida sostienen que la presencia militar estadounidense responde a una estrategia de cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y amenazas transnacionales. Sin embargo —según opositores— el alcance de la autorización —armas de guerra, rotaciones, cobertura nacional— rebasa un simple intercambio técnico y acerca al país a una situación de militarización permanente.

Con esta decisión, Perú se encamina hacia un 2026 con mayor presencia de fuerzas extranjeras armadas, lo que podría redefinir esquemas de seguridad interna, cooperación internacional y control de fuerzas, en un contexto de incertidumbre sobre sus efectos reales en la estabilidad, los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.