Paul Campo, exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue acusado este viernes en una corte federal de Nueva York por presuntamente conspirar para lavar dinero que creía provenía del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, el exfuncionario habría intentado convertir recursos supuestamente ligados a la organización criminal en criptomonedas, además de ofrecer apoyo logístico y armamentístico.

Campo, de 61 años, trabajó durante 25 años para la DEA y llegó a ser subdirector de la oficina de operaciones financieras. Según la acusación, él y su socio, Robert Sensi, de 75 años, habrían lavado inicialmente 750 mil dólares con la intención de incrementar el monto hasta 12 millones, creyendo que el dinero provenía del CJNG.

Operación encubierta

Las reuniones entre los acusados y quien creyeron que era un operador del cártel fueron en realidad parte de una operación encubierta. El supuesto emisario del CJNG era un informante de la DEA que entregaba dinero en efectivo para simular la operación de lavado. Según la acusación, los encuentros ocurrieron en marzo, primero en Nueva York y posteriormente en Florida.

En esas reuniones, el informante les indicó que el cártel buscaba un método seguro para mover recursos de Estados Unidos a México. Campo y Sensi aceptaron el trato y discutieron estrategias de lavado a través de criptomonedas para evitar rastreo financiero.

Posible entrega de armas

La investigación indica que el supuesto apoyo no solo sería financiero. Los acusados habrían acordado analizar la adquisición de drones comerciales, armamento y equipo militar, incluyendo rifles AR-15, M16, carabinas M4, lanzagranadas y municiones especializadas para el CJNG.

Cargos federales

Aunque no hay evidencia de que los acusados se hayan reunido con miembros reales del CJNG o de que el dinero provenga de actividades delictivas del cártel, la acusación sostiene que ambos actuaron bajo la creencia de estar colaborando con una organización criminal considerada “terrorista” por Estados Unidos.

Campo y Sensi enfrentan cargos de conspiración por:

• Narcoterrorismo

• Distribución de narcóticos

• Proveer apoyo a organización terrorista extranjera

• Lavado de dinero

El caso pone bajo escrutinio la actuación de un exfuncionario con alto nivel de acceso a información y estructuras de seguridad federal, lo que abre preguntas sobre la vulnerabilidad de agencias estadounidenses frente a corrupción interna.