El gobierno municipal panista de Querétaro, encabezado por Felipe Fernando Macías, vuelve a mostrar su rostro más autoritario. Los recientes actos de violencia contra artesanas indígenas en el Centro Histórico no solo son condenables, sino representativos de una administración que ha preferido la represión antes que el diálogo. No es un hecho aislado: es la consecuencia de una visión que concibe el espacio público como propiedad privada del PAN y no como un derecho de todas y todos.

A esto se suma la campaña mediática y política de desprestigio contra los artesanos y comerciantes tradicionales, convenientemente utilizada para enfrentar a establecidos y ambulantes, abonando a un clima de tensión que el propio gobierno panista alimenta para justificar sus acciones. Mientras acusan “desorden”, han sido los primeros en promoverlo al relegar a las comunidades indígenas a espacios indignos, imponer cobros excesivos a pequeños comerciantes y utilizar programas clientelares como mecanismos de control político. La gentrificación del Centro Histórico avanza, pero solo en beneficio de quienes están ligados al poder.

El panismo queretano intenta presentarse como garante de legalidad, pero en los hechos ha protegido el despojo, la irregularidad y el fraude inmobiliario. Hoy, de nueva cuenta, su estrategia apunta a criminalizar a mujeres indígenas y sectores vulnerables, responsabilizándolos del conflicto que ellos mismos han provocado. La ciudadanía ya observa con claridad este doble discurso: un gobierno que habla de orden mientras saquea la ciudad, que habla de progreso mientras invisibiliza a quienes construyen su identidad cultural. Querétaro merece algo mejor que un gobierno que reprime y administra para unos cuantos.