Cientos de niños migrantes en Estados Unidos han sido retenidos bajo custodia federal por más tiempo del límite legal establecido por el Acuerdo de Flores, según reveló un documento judicial presentado esta semana. La admisión del propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado preocupación entre defensores legales, quienes advierten que el gobierno está incumpliendo estándares básicos para la protección de menores.
El informe, entregado al tribunal el lunes por la noche, detalla tiempos de detención prolongados, condiciones insalubres y un renovado uso de hoteles para retener temporalmente a los niños. Esta información forma parte de la demanda civil iniciada en 1985 que derivó en la creación del Acuerdo de Flores en los años 90, el cual limita la detención de menores a un máximo de 20 días y exige mantenerlos en condiciones seguras y sanitarias. Pese a ello, la administración Trump continúa intentando poner fin a esta política.
Según datos de ICE fechados el 1 de diciembre, alrededor de 400 menores migrantes fueron retenidos más allá del límite legal entre agosto y septiembre. El gobierno reconoció que el problema es generalizado —no limitado a una región o instalación— y atribuyó las demoras a retrasos en transporte, necesidades médicas y procesamiento legal. Sin embargo, abogados de los detenidos argumentan que estos factores no justifican la violación de los plazos establecidos. Incluso se reportaron casos extremos, como cinco niños que permanecieron bajo custodia durante 168 días.
Las condiciones dentro de los centros de detención también encendieron alarmas. En instalaciones como la de Dilley, Texas, defensores documentaron lesiones no atendidas, deficiencias médicas y alimentos en mal estado. Entre los casos citados al tribunal se encuentra un niño con una lesión ocular que no fue visto por personal médico durante dos días, otro que sufrió una fractura tras caerle un poste de voleibol, y reportes de comida “con gusanos”. Familias relataron que el personal médico se negó a brindar atención adecuada, incluso en situaciones de intoxicación alimentaria.
El uso de hoteles para detener temporalmente a menores —permitido hasta por 72 horas— también fue cuestionado por abogados, quienes señalaron inconsistencias en los reportes gubernamentales sobre estancias que excedieron ese límite.
La jueza federal Dolly Gee, encargada de supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Flores, sostendrá una audiencia la próxima semana para determinar si el tribunal debe intervenir ante el incumplimiento reiterado de las normas de protección infantil.
