La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, destacó que la recién aprobada Ley General de Aguas Nacionales reafirma que el agua es un bien que pertenece al pueblo de México y es fundamental para la vida de las comunidades, conforme lo establece la Constitución. Así lo señaló durante su Conferencia Matutina semanal, donde reiteró el respaldo total de su administración a la iniciativa impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Marina subrayó que la nueva legislación busca revertir la mercantilización del agua heredada de la ley de 1992 y frenar prácticas como el acaparamiento, la sobreexplotación, la especulación y el mercado negro del recurso. “El agua es un derecho humano. Esta Ley evita que unos cuantos concentren un bien que pertenece a todas y todos”, afirmó.

La Mandataria señaló que las reformas en materia hídrica se construyeron a través de un diálogo permanente entre sociedad, gobierno, sectores productivos y distritos de riego. Este proceso permitió aclarar inquietudes y detectar interpretaciones imprecisas que se difundieron en días recientes.

En ese sentido, aclaró que la nueva Ley no:

• prohíbe heredar propiedades con concesiones;

• impide vender tierras con títulos vigentes;

• contempla revocaciones automáticas de concesiones;

• criminaliza a pequeños productores;

• limita el traslado de agua para actividades agropecuarias;
  y, por el contrario, reconoce los derechos históricos de pueblos indígenas y de sistemas comunitarios tradicionales.

“Es falso que esta reforma sea una expropiación disfrazada para beneficiar a grandes empresas o entregar agua a Estados Unidos”, enfatizó. Reiteró que la prioridad es garantizar un manejo justo, sustentable y transparente del recurso.

La Mandataria añadió que los sectores productivos tendrán siempre una mesa abierta con los gobiernos federal y estatal para aclarar dudas sobre la operación de la Ley, la cual fortalecerá actividades agrícolas y ganaderas en zonas como Ensenada, Maneadero y San Quintín.

Por su parte, Víctor Daniel Amador Barragán, Titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, informó que la nueva legislación impulsará proyectos como la captación de agua pluvial para uso doméstico, así como sistemas comunitarios de abasto en regiones sin acceso a servicios hídricos o drenaje.

Explicó también que la Ley incorpora la figura de la actividad agropecuaria familiar, que facilitará el sustento de pequeños productores, y fortalece los mecanismos para combatir el robo de agua, con sanciones administrativas que pueden llegar hasta 30 mil UMAS.

Con esta reforma, el Gobierno de Baja California reafirma su compromiso de garantizar que el agua sea administrada con equidad, sostenibilidad y enfoque de derechos humanos, en beneficio de las comunidades y del desarrollo productivo del estado.