El político chileno José Antonio Kast, candidato a la presidencia, enfrenta un nuevo escándalo tras revelarse que realizó vacaciones familiares en Europa con un costo estimado de 88 millones de pesos chilenos, cubiertos con recursos del Estado y además con goce de sueldo en 2015 mientras era diputado. La información desató fuertes cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos y el criterio presidencial para financiar viajes privados en plena crisis económica del país.

De acuerdo con los reportes oficiales, el viaje incluyó desplazamientos por varios países europeos y contempló gastos de hospedaje, alimentación y transporte para él y su familia. Aunque habría intentado justificar los costos como parte de una “agenda internacional”, no se presentaron registros claros de reuniones diplomáticas o actividades oficiales que respaldaran esa versión.

La controversia creció luego de que se confirmara que Kast no solo utilizó dinero público, sino que tampoco solicitó un permiso sin goce de sueldo, como suele hacerse en casos de actividades no oficiales. La oposición calificó el hecho como un abuso de poder y exigió una investigación inmediata, mientras que organizaciones civiles denunciaron un doble estándar en el discurso de austeridad promovida por él mismo.

El caso se suma a una serie de polémicas y podría convertirse en uno de los episodios más desgastantes para su imagen. El debate público ahora gira en torno a la transparencia del gobierno y a la necesidad de reforzar los mecanismos de control sobre el gasto presidencial.

Además, legisladores opositores plantearon que el viaje expone una contradicción ética: mientras el gobierno ha impulsado recortes presupuestales bajo el argumento de “ordenar las finanzas”, el propio presidente habría dispuesto de recursos públicos para actividades privadas. Expertos en administración pública advirtieron que este tipo de casos evidencian vacíos normativos en los controles de gastos del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de viajes internacionales donde suele haber menor supervisión.

En paralelo, la ciudadanía expresó su molestia a través de redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia nacional. Diversas organizaciones sociales convocaron a protestas frente a La Moneda para exigir rendición de cuentas y mayor transparencia. El escándalo prometió escalar, pues la Contraloría anunció que evaluará abrir una investigación formal para determinar si hubo uso indebido de recursos y posibles responsabilidades administrativas.