La Ley General de Aguas entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación este 12 de diciembre, marcando un cambio profundo en el marco normativo que regula el agua en el país. La nueva legislación reformará, adicionará y derogará diversas disposiciones de la antigua Ley de Aguas Nacionales para adecuarlas al principio constitucional del derecho humano al acceso, uso y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.

La Ley es reglamentaria del artículo 4º de la Constitución y establece las bases para garantizar el acceso equitativo y sustentable al agua, así como la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en la gestión de los recursos hídricos. También define competencias claras y mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la gobernanza del agua en todo el territorio nacional.

Entre los objetivos de la reforma se encuentra promover, respetar, proteger y garantizar el derecho al agua como un servicio esencial, acorde con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. Asimismo, la ley busca asegurar que su acceso sea justo y sustentable, integrando aspectos de equidad de género, inclusión y perspectivas comunitarias en la gestión hídrica.

Con la entrada en vigor de esta normativa, México da un paso importante hacia la modernización de su política del agua, enfrentando desafíos estructurales como la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y la desigualdad en el acceso al recurso. El reto ahora es aplicar de manera efectiva este nuevo marco legal para traducirlo en beneficios reales para la población y los ecosistemas.