La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, con el fin de que sea procesada por su presunta participación en un delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Según la autoridad, Casar habría obtenido de manera indebida una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.

En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, reveló que Márquez Padilla se incorporó a la empresa el 1 de junio de 2004 como coordinador ejecutivo en la dirección corporativa de administración, durante el gobierno de Vicente Fox, y falleció el 7 de octubre del mismo año, tras apenas 129 días en el cargo.

Durante una conferencia matutina de ese mismo mes, se informó que la muerte de Márquez ocurrió al caer por una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. A pesar de que los peritajes concluyeron que se trató de un suicidio, esta determinación no aparece explícitamente en los documentos divulgados.

Asimismo, se dio a conocer que el 19 de octubre de 2004 se solicitó al área correspondiente la activación de la pensión posmortem para los beneficiarios, con inicio a partir del 8 de octubre, un día después del fallecimiento.

Oropeza también declaró que Casar habría cometido un fraude contra Pemex por aproximadamente 31 millones de pesos, al recibir una pensión mensual de 125 mil pesos.

Documentos del Poder Judicial de la Federación señalan que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción pidió una audiencia inicial para imputar a María Amparo Casar Pérez y a otras dos personas por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, con fundamento en el artículo 217, fracción II del Código Penal Federal, vigente al momento de los hechos.

Este delito puede ser atribuido tanto a servidores públicos como a particulares. Para funcionarios, aplica cuando otorgan de manera indebida permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones con implicaciones económicas. Los ciudadanos pueden ser acusados si solicitan o promueven la realización de dichas acciones ilegales o participan en ellas. Las penas previstas van de seis meses a 12 años de prisión y multas de 30 a 150 días.

La audiencia está programada para el 16 de diciembre, fecha en que se dará a conocer la información recolectada en la investigación y las imputaciones formales para los tres señalados. El ilícito no se considera grave, por lo que, en caso de ser vinculados a proceso, podrían continuar su juicio en libertad condicional.

Cabe destacar que, tras la suspensión de la pensión en febrero de 2024, Casar promovió un juicio de amparo, y el juzgado sexto de distrito en materia laboral ordenó a Pemex restablecerle los pagos.