Durante la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual gobernadora del estado, la panista María Eugenia Campos Galván, y que dicha relación de complicidad habría influido para que la justicia estatal le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
De acuerdo con lo informado en el diario Reforma, el fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, Manuel Granados Quiroz, sostuvo ante la jueza federal que existe un riesgo real de fuga del exmandatario priista, al considerar que cuenta con una red de protección política e institucional en Chihuahua, en la que incluyó a la actual gobernadora.
Con base en estos argumentos, la jueza de control María Jazmín Ambriz López determinó imponer a Duarte la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al estimar fundado el riesgo de evasión de la justicia.
Durante la audiencia, la FGR también señaló que el respaldo institucional al exgobernador se evidenció en la negativa del Registro Público de la Propiedad de Chihuahua para entregar información sobre los bienes de Duarte, bajo el argumento del “secreto profesional”, lo que habría obstaculizado las investigaciones en curso.
La diligencia judicial se prolongó por más de 11 horas, en las que se desahogaron alrededor de 100 datos de prueba. Cerca de la medianoche del domingo, la jueza decretó un receso, y la audiencia será retomada a las 9:00 horas, cuando se prevé que se determine si Duarte es vinculado a proceso.
El exgobernador es acusado a nivel federal como coautor del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado del presunto lavado de aproximadamente 73.9 millones de pesos a través del sistema financiero. Según la FGR, estos recursos habrían sido canalizados a diversas empresas ganaderas en las que Duarte era accionista mayoritario, algunas de ellas vinculadas también a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
Las imputaciones corresponden a operaciones realizadas durante su gestión como gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016. Paralelamente, continúa vigente una causa penal del fuero común por el delito de peculado.
César Duarte fue detenido el lunes 8 de diciembre en Chihuahua, cuando circulaba por la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en un operativo conjunto de la Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al penal federal del Altiplano.
Durante la audiencia, la jueza María Jazmín Ambriz López rechazó la solicitud de la defensa para invalidar la orden de aprehensión emitida en mayo de 2024, al considerar improcedentes los argumentos relacionados con un amparo y presuntas nulidades, ya que correspondían a causas penales distintas.
Por su parte, el exgobernador de Chihuahua y actual Senador de Morena, Javier Corral Jurado, afirmó que la reciente detención de Duarte marca el fin de una etapa de impunidad que, aseguró, fue permitida por la actual administración estatal. Señaló que durante el gobierno de María Eugenia Campos no se ejecutaron más de 20 órdenes de aprehensión en contra del exmandatario, relacionadas con desvíos que superarían los 6 mil millones de pesos.
Corral también reiteró que Campos y otros funcionarios habrían formado parte de la llamada “nómina secreta” de Duarte, recibiendo pagos irregulares durante su gestión como diputada local, junto con políticos, empresarios, líderes religiosos y periodistas.
