El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes 15 de diciembre una orden ejecutiva para clasificar al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, al considerar que el impacto de este opioide sintético en la sociedad estadounidense es comparable —e incluso superior— al de un conflicto armado.
Durante un acto en el Despacho Oval, Trump afirmó que “ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo”, al señalar que entre 200 mil y 300 mil personas mueren cada año por causas relacionadas con esta droga. “Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras”, sostuvo el mandatario al presentar la medida como una acción extraordinaria frente a una crisis sanitaria sin precedentes.
De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis asociadas a opioides sintéticos, principalmente fentanilo. Tan solo en 2024, las cifras oficiales reportan al menos 48 mil fallecimientos vinculados a esta sustancia en Estados Unidos.
Fentanilo y seguridad nacional
Trump anunció la firma de la orden ejecutiva durante un evento en el que condecoró a militares por su labor en la frontera con México. En ese contexto, aseguró que “no cabe duda de que los adversarios de Estados Unidos están traficando fentanilo, en parte porque quieren matar a estadounidenses”, y afirmó que su administración ha logrado reducir en 50 por ciento la cantidad de esta droga que cruza la frontera.
El documento oficial establece que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y sostiene que su producción y comercialización, atribuida a cárteles y organizaciones extranjeras, financia actividades criminales como asesinatos, actos terroristas e insurgencias, lo que —según la Casa Blanca— representa una amenaza directa a la seguridad nacional.
Implicaciones militares
La orden ejecutiva instruye a varios secretarios del gabinete a reforzar las acciones contra el tráfico de fentanilo. Entre las disposiciones más relevantes, se establece que el secretario de Guerra, en coordinación con la secretaria de Seguridad Nacional, deberá actualizar las directivas sobre la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos dentro del país para incluir explícitamente la amenaza del fentanilo ilícito.
