El saqueo del agua en Chihuahua no fue un accidente ni una omisión técnica: tuvo nombre, apellido y mando. Durante años, mientras los acuíferos del estado se agotaban, Marco Antonio Bonilla Mendoza, entonces subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, operó y controló un mecanismo administrativo que terminó por convertirse en la columna vertebral del llamado cartel del agua-chicol.
Bajo el discurso de “ordenar” la extracción del agua, el Gobierno de México creó de manera temporal el Folio 08, un instrumento que debía servir para regularizar pozos existentes. En la práctica, el sistema quedó bajo el control directo de Bonilla, quien tenía la facultad de validar la existencia legal de los pozos a partir de un trámite mínimo: una simple fotografía.
El esquema fue rápidamente capturado. Campesinos cavaban pozos de apenas tres metros de profundidad, suficientes para cumplir con el requisito visual y obtener una constancia oficial avalada por Conagua. Una vez emitido el Folio 08, esos documentos se transformaban en moneda de cambio: se vendían o rentaban a agricultores, quienes posteriormente ampliaban las perforaciones para extraer volúmenes mucho mayores de agua, ya con respaldo institucional.
Entre 2006 y 2013, el uso del Folio 08 se multiplicó sin control. Desde oficinas centrales, José Luis Luege Tamargo, entonces director general de Conagua, consolidó la centralización del registro, mientras que Roberto Lara Rocha, gerente nacional de Servicio a Usuarios, operó la maquinaria administrativa que daba validez a los folios. Pero en Chihuahua, el rostro visible y el operador clave fue Marco Bonilla, quien concentró poder y decisiones en el territorio.
Cuando el negocio quedó expuesto y la magnitud de la simulación se volvió insostenible, la respuesta institucional fue limitada: a Marco Bonilla se le solicitó la renuncia de Conagua. No hubo sanciones ejemplares ni revisión a fondo del daño causado a los acuíferos. El sistema se desmanteló formalmente, pero el conocimiento y las redes permanecieron intactas.
Lejos de retirarse del negocio del agua, Bonilla capitalizó su experiencia y contactos. Junto con Roberto Lara Rocha, fundó un despacho especializado en trámites hídricos que, bajo la fachada de asesoría legal y técnica, continuó comerciando permisos y constancias. El modelo no desapareció: simplemente migró del sector público al privado, con los mismos actores y las mismas prácticas.
Hoy, Marco Bonilla es presidente municipal de Chihuahua y aspira a gobernar el estado, pese a estar ligado a un esquema que dejó acuíferos sobreexplotados, comunidades afectadas y el agua convertida en botín. Su trayectoria exhibe un patrón inquietante: usar la regulación como herramienta de control, el cargo público como plataforma y el recurso vital como negocio. En Chihuahua, el mensaje fue devastador: la autoridad no contuvo el saqueo, lo dirigió.
