El Grupo Salinas tendrá hasta enero de 2026 para cubrir un adeudo fiscal por 51 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agotara todas las instancias legales y confirmara la validez de los créditos fiscales, informó el titular del organismo, Antonio Martínez Dagnino.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se explicó que, tras la resolución definitiva del máximo tribunal del país, el SAT notificará formalmente el requerimiento de pago a inicios del próximo año, con lo que comenzará el plazo para el cumplimiento voluntario de la obligación fiscal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal y administrativo, en el que participan diversas dependencias para garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho. Señaló que el gobierno federal actuará únicamente en apego a la ley y a lo resuelto por la Corte.

La Mandataria recordó que, de acuerdo con resoluciones judiciales previas y con el Código Fiscal de la Federación, las empresas tienen la posibilidad de solicitar ajustes o descuentos en el monto a pagar, los cuales pueden alcanzar hasta 39 por ciento, siempre que se cumplan los requisitos legales. No obstante, advirtió que, en caso de incumplimiento, se activarían los procedimientos correspondientes en una etapa posterior.

Sheinbaum indicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha dado seguimiento puntual al caso, al igual que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Por su parte, el titular del SAT recordó que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece la obligación de todas las personas y empresas de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, por lo que reiteró el llamado a cumplir con el pago de los adeudos fiscales.

El conflicto se originó en 2013, cuando el SAT determinó créditos fiscales por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013. Tras más de una década de litigios y recursos legales, la SCJN desechó este año los últimos medios de defensa, dejando firme la resolución de la autoridad fiscal.

Una vez notificado el requerimiento de pago, el grupo empresarial podrá solicitar, conforme a la ley, los mecanismos que considere pertinentes para cumplir con la obligación.