La Casa Blanca defendió la legalidad del abordaje realizado por la Guardia Costera de Estados Unidos al petrolero Centuries en aguas cercanas a Venezuela, pese a que el buque no se encuentra en la lista de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que el petrolero “transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones” y lo calificó como un “navío de falsa bandera” que operaba dentro de la llamada flota en la sombra venezolana, utilizada —según Washington— para traficar crudo y financiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Kelly emitió estas declaraciones en la red social X, en respuesta a reportajes del New York Times y del Washington Post, que cuestionaron la legalidad de la operación debido a la ausencia de una orden de registro y a que el Centuries navega con bandera panameña y pertenece a un comerciante chino especializado en el traslado de crudo venezolano hacia refinerías asiáticas.

De acuerdo con el New York Times, el caso difiere del petrolero Skipper, abordado el pasado 10 de diciembre, el cual sí estaba sancionado por el Tesoro estadounidense y operaba con una falsa bandera de Guyana. En contraste, fuentes oficiales confirmaron que en el caso del Centuries los guardacostas estadounidenses no contaban con autorización judicial previa para inspeccionar la nave.

Ante estas irregularidades, funcionarios estadounidenses citados por el Washington Post señalaron que el abordaje se amparó en el denominado “derecho de visita”, una figura del derecho marítimo internacional que permite a buques de guerra inspeccionar embarcaciones bajo la simple sospecha de actividades ilícitas.

Venezuela denuncia “piratería” y acude a instancias internacionales

El Gobierno de Venezuela condenó el abordaje y lo calificó como un “robo” de activos nacionales y un “secuestro” de la tripulación, ocurrido —según Caracas— en aguas internacionales. En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de cometer “piratería” y de violar normas fundamentales del Derecho Internacional.

Las autoridades venezolanas anunciaron que interpondrán denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales, con el objetivo de que estos hechos no queden impunes.

China rechaza sanciones unilaterales

Por su parte, la Embajada de China en Washington declaró a la agencia Bloomberg que no cuenta con información adicional sobre el abordaje del Centuries, pero reiteró su rechazo a las sanciones unilaterales.

“China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y a esta ‘jurisdicción de brazo largo’, que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU”, afirmó el portavoz Liu Pengyu, quien subrayó que Venezuela tiene derecho a cooperar con otros países conforme a sus propias decisiones.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate internacional el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses y las tensiones geopolíticas en torno al comercio de petróleo venezolano.