En la ciudad de Chicago, se estableció la primera comisión estatal dedicada a investigar y documentar presuntos abusos cometidos por agentes federales migratorios, especialmente durante las recientes redadas de control migratorio en la zona metropolitana, informaron fuentes oficiales y testigos.

La Comisión para el Rendimiento de Cuentas de Illinois sesionó por primera vez la semana pasada con la presencia de expertos legales, representantes comunitarios y víctimas que han reportado casos de uso excesivo de la fuerza, agresiones y tácticas intimidatorias por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante la audiencia pública inicial, se presentaron grabaciones y testimonios que documentan incidentes en los que agentes habrían rociado gas pimienta a una familia dentro de su automóvil en un estacionamiento y emplearon gases irritantes contra civiles, según señalaron los integrantes de la comisión.

La comisión fue creada por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, con el mandato de elaborar un registro documental exhaustivo de presuntas violaciones a derechos civiles y humanos por parte de las autoridades migratorias federales, y con la intención de emitir sus conclusiones y recomendaciones antes de abril de 2026.

Aunque la comisión no tiene poder para imponer sanciones, sus miembros dijeron que buscan combatir la impunidad y las versiones oficiales que minimizan o niegan estos hechos, y aportar evidencia que pueda servir de base para futuras acciones legales o de política pública.

Además de testimonios, el organismo ha invitado a expertos en derechos humanos, como la doctora Rohini Haar, para analizar el impacto del uso de sustancias químicas y otras tácticas de control, subrayando que elementos clasificados como irritantes tóxicos carecen de regulación específica para uso interno y pueden constituir un uso excesivo de fuerza.

Este tipo de comisiones reflejan la creciente tensión en ciudades con grandes comunidades migrantes, donde activistas y autoridades locales han cuestionado las tácticas empleadas por la administración federal en operativos migratorios, mientras los defensores de derechos civiles buscan mecanismos de rendición de cuentas más sólidos.