El Gobierno de México informó que mantiene un seguimiento puntual a la entrega de agua del río Bravo a los Estados Unidos, con base en las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944 y sus actas complementarias, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo bilateral sin poner en riesgo el abasto para uso interno.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que las medidas adoptadas contemplan la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, volumen que fue posible reunir gracias a recientes condiciones hidrológicas y que responde a los compromisos del tratado, siempre priorizando el suministro para consumo humano y agrícola en territorio mexicano.
#MañaneraDelPueblo 🔴Sheinbaum despeja alarmas hídricas
La Presidenta Sheinbaum aseguró que el uso de aguas de presas nacionales para cumplir compromisos con EE.UU. no afecta la producción agrícola mexicana.
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— El Soberano (@ElSoberanoMX) December 22, 2025
De acuerdo con la Cancillería, estas entregas se realizarán solo cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico nacional, y se han identificado acciones extraordinarias que incluyen el uso de aportaciones del río San Juan para cumplir con los compromisos, sin comprometer el abasto para las comunidades mexicanas que dependen de estas fuentes.
Las autoridades señalaron que la supervisión y coordinación con los usuarios de la cuenca del río Bravo es permanente, y que la prioridad continúa siendo asegurar el acceso al agua para consumo humano en las localidades mexicanas, evitando afectaciones a sectores productivos como la agricultura.
Este cumplimiento forma parte de un plan conjunto con Estados Unidos para los volúmenes de agua correspondientes al ciclo vigente, el cual deberá definirse a más tardar el 31 de enero de 2026, con diálogo y cooperación entre ambos países para gestionar de manera equitativa el recurso hídrico compartido.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe entregar determinados volúmenes del río Bravo a Estados Unidos, y contempla mecanismos para ajustar las entregas en casos de sequía extraordinaria, permitiendo que los compromisos se cumplan en ciclos de cinco años si las condiciones hidrológicas lo dificultan.
